La decisión de derogar el Decreto 973 busca corregir vacíos jurídicos, dinamizar la inversión en conservación y recuperar la cotización de los créditos de carbono en el país.
El Ministerio de Ambiente de Colombia confirmó la revocatoria del Decreto 973, una normativa clave que reglamentaba el funcionamiento, control y verificación de los mercados de carbono. La medida responde a revisiones técnicas y jurídicas que identificaron falencias en la norma, las cuales estaban generando desconfianza e incertidumbre entre los inversionistas y desarrolladores de proyectos de descarbonización.
Motivos tras la derogación
- Pérdida de valor en el mercado: Tras la aplicación del esquema regulatorio anterior, el valor de la tonelada de carbono sufrió una fuerte caída, pasando de promedios entre 5 y 7 USD a niveles inferiores a 2 USD.
- Incertidumbre jurídica: Inconsistencias en los procedimientos de verificación, vigilancia y gobernanza dificultaban la atracción de capitales privados e internacionales para financiar iniciativas sostenibles.
- Trabas en la ejecución: Ciertas exigencias administrativas sobre la consulta previa y la trazabilidad de los instrumentos financieros limitaban el avance de nuevos proyectos comunitarios y privados.
La apuesta por una nueva regulación
El Gobierno nacional avanza en la construcción de un nuevo marco normativo articulado con estándares globales. La nueva propuesta priorizará:
- Seguridad jurídica y transparencia: Establecer reglas claras para los procesos de validación, registro y monitoreo de las reducciones de emisiones.
- Estímulos tributarios: Impulsar ante el Congreso mecanismos para restablecer el 100 % de la no causación del impuesto al carbono, incentivo fundamental para reactivar la demanda interna de créditos.
- Financiación de la conservación: Canalizar de manera más eficiente los recursos del mercado hacia proyectos de restauración ecológica, preservación de bosques y desarrollo de comunidades étnicas y rurales.
Lo que representa para el sector
La derogación del decreto es vista por la industria y los desarrolladores como un ajuste necesario para corregir las distorsiones del mercado. Con una regulación renovada y la eventual optimización del tratamiento tributario, Colombia busca posicionarse nuevamente como un hub atractivo para los mercados de carbono voluntarios y de cumplimiento en América Latina.
